CEDAPPA

                                                                             Posadas, 26 de agosto de 2013







Ante los hechos actuales que están sucediendo en Paraguay, CEDAPPA (Centro de 
Estudios, Documentación y Archivo del Pueblo Paraguayo en Argentina) se pronuncia:
 

Rechazamos enérgicamente 
los hechos de violencia contra las comunidades campesinas e indígenas en Paraguay,
que se vienen incrementando de manera sostenida desde 2012 y que, hasta el momento 
se escondían bajo el manto de un aparente sicariato narcomafioso. Móviles y 
responsables de los asesinatos, lejos de esclarecerse, se invisibilizan aún más durante el 
proceso judicial, que acaba invariablemente, dictando sentencia sin mayores pruebas, 
contra líderes campesinos.


Manifestamos nuestra más 
sincera preocupación por la reciente modificación a la Ley de Defensa que otorga una 
libertad desmedida al Poder Ejecutivo Nacional para hacer uso de la fuerza represiva 
contra su propio pueblo, so pretexto de combatir a un supuesto grupo político armado 
sobre el que aún no se ha constatado fehacientemente su existencia, ni dimensionado su 
alcance, poder de fuego, demandas e intensiones.


Los estudiosos de los procesos dictatoriales en América Latina constatamos una 
y otra vez, la estrategia de los líderes autoritarios de validación social de sus mandatos 
mediante el voto y el mantenimiento inicial de una fachada institucional para sus 
acciones. Bajo una aparente preocupación por la legalidad formal, ávidos de libertades 
plenipotenciarias, manipulan arbitrariamente las leyes de modo de constituir –siempre 
con la anuencia de los partidos mayoritarios- la base del sistema represivo, anulando 
mediante leyes, decretos y disposiciones, las garantías constitucionales, aún con una 
Constitución vigente.


Largos 35 años tardó Paraguay para desembarazarse del régimen autoritario del 
General Stroessner que comenzó también, manipulando el sistema legal y validándose 
mediante procesos electorales pseudo democráticos. Ya hemos visto en Paraguay la 
utilización del Decreto Nº 5484 de octubre de 1936 que declara punibles las actividades 
comunistas; la eufemística Ley Nº 294 de Defensa de la Democracia aprobada por el 
Congreso Nacional en 1955 (vigente hasta 1989) que mantenía la suspensión de todas 
las garantías constitucionales e identificaba cualquier actividad antigubernamental como 
“comunismo ateo y anti-patria”. Reforzada en 1970, con la Ley Nº 209 de Defensa de 
la Paz Pública y Libertad de las Personas que, por su amplitud, criminalizó todo tipo de 
manifestación, reclamo o lucha obrera, sindical, estudiantil o campesina. 


Las violaciones a los Derechos Humanos se produjeron entonces, bajo el 
prologado Estado de Sitio del régimen stroessnista, que nunca fue reglamentado por el 
Congreso y del cual la Corte Suprema de Justicia interpretó que incluía la suspensión de 
las garantías de Habeas Corpus. Inédito en su duración –sin que los organismos 
internacionales criticaran ni mucho menos intervinieran- permitió y justificó la 

persecución política, laboral y económica, la detención arbitraria, la tortura, la expulsión 
de los opositores y la cooptación clientelar y prebendaría de la ciudadanía otorgando 
poder de policía política y distribución de recursos a las Seccionales Coloradas de cada 
pueblo.


Hoy, vemos con preocupación que, a semanas de la asunción del presidente 
electo Horacio Cartes, se produce idéntica manipulación del marco normativo,
reconfortando a los sectores empresariales, neoliberales y conservadores, en perjuicio de 
las libertades constitucionales de los ciudadanos luchan por las reivindicaciones 
territoriales, de género, de clase, toda vez que el supuesto peligro a combatir tiene 
límites fantasmagóricamente imprecisos, de modo tal que todos están bajo sospecha y 
deberán demostrar su inocencia en una flagrante perversión de los derechos 
constitucionales.


El uso prolongado e injustificado de leyes de control interno de los ciudadanos
con el supuesto fin de prevenir y combatir la violencia no hace más que “soltar los 
lobos” en una sociedad históricamente castigada, paralizada ante la inminente 
persecución de hombres y mujeres con o sin pruebas de culpabilidad o complicidad,
víctimas del uso de la fuerza represiva estatal y paraestatal que no está obligada a rendir 
cuentas.


Denunciamos también que, hoy como ayer, los gobernantes de la región hacen 
silencio y esperan expectantes los negocios prometidos a los empresarios de los países 
vecinos que históricamente, expoliaron el patrimonio y los recursos naturales 
paraguayos.


Como equipo de investigación social, nos proponemos a seguir de cerca esta 
preocupante problemática que no solo afecta la integración regional sino la integridad 
física de las personas. Llamamos a toda la comunidad a hacerse eco de esta situación, ya 
que en este momento de concentración de poder por parte de los poderes económicos 
(nacionales y transnacionales) y sectores mafiosos, la opinión pública y la presión 
social son las herramientas que disponemos para preservar garantías básicas. 




CEDAPPA
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Misiones