Posadas, 26 de agosto de 2013
Ante los hechos actuales que están sucediendo en Paraguay, CEDAPPA (Centro de
Estudios, Documentación y Archivo del Pueblo Paraguayo en Argentina) se pronuncia:
Rechazamos enérgicamente
los hechos de violencia contra las comunidades campesinas e indígenas en Paraguay,
que se vienen incrementando de manera sostenida desde 2012 y que, hasta el momento
se escondían bajo el manto de un aparente sicariato narcomafioso. Móviles y
responsables de los asesinatos, lejos de esclarecerse, se invisibilizan aún más durante el
proceso judicial, que acaba invariablemente, dictando sentencia sin mayores pruebas,
contra líderes campesinos.
Manifestamos nuestra más
sincera preocupación por la reciente modificación a la Ley de Defensa que otorga una
libertad desmedida al Poder Ejecutivo Nacional para hacer uso de la fuerza represiva
contra su propio pueblo, so pretexto de combatir a un supuesto grupo político armado
sobre el que aún no se ha constatado fehacientemente su existencia, ni dimensionado su
alcance, poder de fuego, demandas e intensiones.
Los estudiosos de los procesos dictatoriales en América Latina constatamos una
y otra vez, la estrategia de los líderes autoritarios de validación social de sus mandatos
mediante el voto y el mantenimiento inicial de una fachada institucional para sus
acciones. Bajo una aparente preocupación por la legalidad formal, ávidos de libertades
plenipotenciarias, manipulan arbitrariamente las leyes de modo de constituir –siempre
con la anuencia de los partidos mayoritarios- la base del sistema represivo, anulando
mediante leyes, decretos y disposiciones, las garantías constitucionales, aún con una
Constitución vigente.
Largos 35 años tardó Paraguay para desembarazarse del régimen autoritario del
General Stroessner que comenzó también, manipulando el sistema legal y validándose
mediante procesos electorales pseudo democráticos. Ya hemos visto en Paraguay la
utilización del Decreto Nº 5484 de octubre de 1936 que declara punibles las actividades
comunistas; la eufemística Ley Nº 294 de Defensa de la Democracia aprobada por el
Congreso Nacional en 1955 (vigente hasta 1989) que mantenía la suspensión de todas
las garantías constitucionales e identificaba cualquier actividad antigubernamental como
“comunismo ateo y anti-patria”. Reforzada en 1970, con la Ley Nº 209 de Defensa de
la Paz Pública y Libertad de las Personas que, por su amplitud, criminalizó todo tipo de
manifestación, reclamo o lucha obrera, sindical, estudiantil o campesina.
Las violaciones a los Derechos Humanos se produjeron entonces, bajo el
prologado Estado de Sitio del régimen stroessnista, que nunca fue reglamentado por el
Congreso y del cual la Corte Suprema de Justicia interpretó que incluía la suspensión de
las garantías de Habeas Corpus. Inédito en su duración –sin que los organismos
internacionales criticaran ni mucho menos intervinieran- permitió y justificó la
persecución política, laboral y económica, la detención arbitraria, la tortura, la expulsión
de los opositores y la cooptación clientelar y prebendaría de la ciudadanía otorgando
poder de policía política y distribución de recursos a las Seccionales Coloradas de cada
pueblo.
Hoy, vemos con preocupación que, a semanas de la asunción del presidente
electo Horacio Cartes, se produce idéntica manipulación del marco normativo,
reconfortando a los sectores empresariales, neoliberales y conservadores, en perjuicio de
las libertades constitucionales de los ciudadanos luchan por las reivindicaciones
territoriales, de género, de clase, toda vez que el supuesto peligro a combatir tiene
límites fantasmagóricamente imprecisos, de modo tal que todos están bajo sospecha y
deberán demostrar su inocencia en una flagrante perversión de los derechos
constitucionales.
El uso prolongado e injustificado de leyes de control interno de los ciudadanos
con el supuesto fin de prevenir y combatir la violencia no hace más que “soltar los
lobos” en una sociedad históricamente castigada, paralizada ante la inminente
persecución de hombres y mujeres con o sin pruebas de culpabilidad o complicidad,
víctimas del uso de la fuerza represiva estatal y paraestatal que no está obligada a rendir
cuentas.
Denunciamos también que, hoy como ayer, los gobernantes de la región hacen
silencio y esperan expectantes los negocios prometidos a los empresarios de los países
vecinos que históricamente, expoliaron el patrimonio y los recursos naturales
paraguayos.
Como equipo de investigación social, nos proponemos a seguir de cerca esta
preocupante problemática que no solo afecta la integración regional sino la integridad
física de las personas. Llamamos a toda la comunidad a hacerse eco de esta situación, ya
que en este momento de concentración de poder por parte de los poderes económicos
(nacionales y transnacionales) y sectores mafiosos, la opinión pública y la presión
social son las herramientas que disponemos para preservar garantías básicas.
CEDAPPA
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Misiones
