CEDAPPA

Paraguay: intervencionismo imperial

Por Rina Bertaccini (*)

Los hechos acaecidos en el período reciente muestran, sin lugar a dudas, que el Paraguay sigue estando en la mira del intervencionismo imperialista.  Intervencionismo que se constituye en un ingrediente esencial de la trama de condicionamientos y amenazas que socavan la estabilidad del gobierno de Fernando Lugo.
Se está aplicando en este país –aunque no solamente allí-  un esquema imperial de intervención y ocupación que abarca todos los planos y las más diversas formas, una política que los documentos oficiales del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos mencionan como “dominación de espectro completo” y definen como la estrategia que permitirá a la fuerza militar de Estados Unidos cumplir sus objetivos de dominio sobre el resto de los pueblos del mundo. Al respecto el documento Joint Vision 2020 dice textualmente “la calificación  de dominio de pleno espectro implica que las fuerzas de EEUU son capaces de conducir sistemática, sostenida, y sincronizadamente las operaciones y combinaciones de fuerzas a la medida de situaciones específicas y con el acceso y la libertad de operar en todos los ámbitos” incluida la información.
La injerencia norteamericana no es nueva en Paraguay. Oportunamente hemos denunciado la existencia en el Chaco paraguayo de la base militar Mariscal Estigarribia (con su gran pista de aterrizaje de 3.800 metros de largo) a disposición del Pentágono, la base de la DEA en Pedro Juan Caballero, al nordeste, en la frontera con Brasil, así como la serie de tareas de entrenamiento militar de efectivos miitares y policiales, los seminarios de adoctrinamiento y los llamados operativos Medrete realizados por oficiales del Comando Sur de Estados Unidos, en los años 2005 y 2006, cuando el gobierno de Nicanor Duarte Frutos permitió y brindó inmunidad, durante 18 meses, el ingreso de tropas yanquis autorizadas a desplazarse por todo el territorio paraguayo y con amplio acceso a la población civil con la cual pudieron cumplir “tareas humanitarias” y de inteligencia militar. Es conocida también la presencia de una embajada USA que ocupa un extenso predio de Asunción, junto a delegaciones de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos).
Como ya dijimos, esto no es nuevo. Pero ahora y en el marco de la compleja situación que afronta el gobierno de Fernando Lugo tiene lugar una nueva ofensiva intervencionista y desestabilizadora, donde se pone públicamente en evidencia la injerencia descarada de la actual embajadora Liliana Ayalde quien antes de instalarse en Asunción había sido Directora de la USAID en Bogotá.
Al respecto es muy importante la denuncia formulada por el abogado Juan A. Martens, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), en un artículo publicado el 7 de septiembre pasado con el sugestivo título: Paraguay ya tiene su Plan Colombia. Se llama “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)”.
Dicha Iniciativa toma como base un acuerdo de cooperación bilateral firmado el 26 de septiembre  de 1961 con los Estados Unidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco de la  Alianza para el Progreso, la cual supuestamente contribuiría a satisfacer “las necesidades de los pueblos de América Latina” en materia de vivienda, trabajo, tierra, educación y salud.  Con el argumento de que la  IZN es apenas una prolongación del Acuerdo General de 1961, no fue llevada a debate ni sometida a aprobación del actual Congreso Nacional, teniendo en cuenta que aquel Acuerdo ya había sido aprobado hace 50 años por el Parlamento paraguayo. “De esta manera –señala Martens- se sustrajo del debate público y la posibilidad que sus cláusulas sean discutidas y analizadas de manera exhaustiva”.  Denuncia además que “la Iniciativa en la Zona Norte tiene como objetivo recibir asistencia de los EEUU para que en Paraguay reforcemos la aplicación de la ley y la seguridad a fin de reducir el crimen organizado”. La asistencia será brindada por expertos enviados por el Gobierno de los Estados Unidos que asistirán a instituciones y a funcionarios gubernamentales” para lo cual se prevé destinar un monto total de 2.228.000 dólares, en un periodo de dos años.  Recibirán asistencia técnica el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación, procesamiento y difusión de datos e inteligencia.
“Este acuerdo –continúa Martens- es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente sano de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por asociación criminal por los agentes del Ministerio Público”.
Hay que tener en cuenta que en Paraguay ya existe una llamada “Ley antiterrorista” que se aplica para criminalizar las protestas sociales y reprimir –procesar penalmente, encarcelar, condenar- a los luchadores. Pero el nuevo Acuerdo con Estados Unidos agrava las cosas al sumarse “a la serie de disposiciones legales que refuerzan la aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal…”
Igualmente valiosa para arrojar luz sobre esta nueva oleada intervencionista en Paraguay es la ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional de Economía, Política y Derechos Humanos (Buenos Aires, septiembre 2010, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) por el periodista e investigador Idilio Méndez Grimaldi, secretario de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. En ese trabajo señala la intromisión de la embajadora Ayalde en los asuntos internos del Paraguay (quien se permite alentar abiertamente la candidatura del vicepresidente Franco para reemplazar a Lugo en el gobierno nacional), así como el alineamiento con los objetivos del Plan Colombia de los ministros del Interior Rafael Filizzola y de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata. En particular el autor denuncia que “Filizzola viajó varias veces a Colombia donde firmó convenios de cooperación con el presidente saliente Alvaro Uribe (…) para fortalecer la política de seguridad interna del Paraguay”.
En una postura diametralmente opuesta, el entonces ministro de Defensa Nacional Luis Bareiro Spaini, rechaza la intromisión imperialista y específicamente, en una nota remitida el 10 de agosto pasado al canciller Lacognata se opone “al proyecto de Carta Acuerdo sobre la Iniciativa en la Zona Norte (IZN) entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América,  para el ingreso en territorio nacional de militares norteamericanos que no estén en servicio activo, para tareas de inteligencia y entrenamiento”. 
“En síntesis –continúa  Méndez Grimaldi- Estados Unidos pretende ingresar al Paraguay elementos de su inteligencia, que no sean militares en servicio activo, comúnmente denominados ‘mercenarios’ en otros teatros de operaciones. El mecanismo libera al Ejército de Estados Unidos de toda responsabilidad ante crímenes de lesa humanidad cometidos últimamente en Irak, Afganistán y otras naciones agredidas por el imperio norteamericano. En resumidas cuentas,  se garantiza la impunidad del personal de entrenamiento y de inteligencia”.
Finalmente la postura patriótica del ministro de Defensa es derrotada y Bareiro Spaini, el 25 de agosto,  es forzado a renunciar. Por esos mismos días llega a Asunción  el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de los Estados  Unidos de América, Dr. Frank Mora en una visita destinada a promocionar la colaboración entre Estados Unidos y América en materia de seguridad. Los diarios locales informaron que “Estados Unidos quiere reimpulsar la cooperación (con Paraguay) en el área militar”.  Eso mismo le dijo Frank Mora a Fernando Lugo cuando fue recibido el 24 de agosto en el Palacio de gobierno.
Poco después,  Frank Mora y la embajadora Liliana Ayalde, se trasladaron al Departamento Concepción y allí, entre otras cosas, informaron en rueda de prensa sobre su interés en el proyecto de cooperación IZN y la voluntad de Estados Unidos de seguir colaborando en “programas para brindar seguridad y atención médica, además de proyectos de producción agraria y creación de micro empresas”. Como indica el trabajo de Méndez Grimaldi antes citado “Paraguay está en la agenda de la expansión norteamericana, para la cual fue ampliado el presupuesto de la USAID para el presente año”.
Además de los mencionados programas para el campo, la visita de Frank Mora tuvo otro inquietante resultado: los ministros de Obras Públicas y de Hacienda de Paraguay firmaron un acuerdo con la  USAID, para la asistencia técnica de la concesión al sector privado de los aeropuertos del país.  La Agencia invertirá en ello 391.000 dólares.  ¿Qué empresas se beneficiarán con la privatización? ¿Por qué Estados Unidos está interesado en los aeropuertos?  Teniendo en cuenta la experiencia argentina con la privatización, por ejemplo,  de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (ahora nuevamente estatizada) que en su momento fuera adjudicada a la norteamericana Lockheed Martin , proveedora del Pentágono, no es difícil deducir que la beneficiaria será alguna gran empresa imperialista. Pero hay algo más a tener en cuenta y eso tiene que ver con los actuales proyectos geopolíticos del imperio para cuya realización los Estados Unidos necesitan el control político y militar de los grandes aeropuertos de la región, como Mariscal Estigarribia, Palanquero, Palmerola, o Malvinas, como muchas veces hemos denunciado. 
Por cierto que estas notas no agotan el tema. Habrá que seguir con atención el desarrollo de la situación y de los nuevos avances intervencionistas.  Pero algo puede afirmarse y es que las consecuencias  de los hechos descriptos pueden involucrar no solamente a Paraguay sino a toda la región.
Buenos Aires, 1º de octubre de 2010
(*) RINA BERTACCINI, presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), Argentina